EDITORIAL
Corrupción.
Palabra que repetidamente los peruanos y peruanas hemos escuchado este año,
relacionada a millonarios sobornos a cambio de contratos; intervención o
favorecimiento en procesos judiciales y distintos delitos relacionados, donde
están inmersos desde alcaldes distritales hasta expresidentes hoy investigados
o con pedidos de prisión preventiva en su contra.
Sin
embargo, este mal no solo afecta las cuentas del Estado, sino priva de
oportunidades a la población; como: no tener acceso a un hospital de calidad
para la atención de salud, colegios en mal estado o ciudades enteras que
esperan su reconstrucción.
La
región de Cusco, no es ajena a este problema. Las últimas tres gestiones
regionales han estado marcadas por casos de corrupción, colusión y negociación
incompatible. Según la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios, hasta agosto de 2019 se reportaron 344 casos de corrupción en
Cusco, por lo cual ocupa el segundo lugar a nivel nacional luego de Áncash y
antes de Lima.
Los
casos de corrupción en las gestiones municipales pueden tener su origen incluso
antes de iniciada la gestión. Pues, para llegar al sillón municipal cada
candidato debe realizar una campaña electoral que le sirva para diferenciarse y
lograr el voto de los electores. Desde regalar fósforos, polos, colocar banners
o realizar vistosos conciertos de cierre de campaña, todo cuenta con el
objetivo de llegar al poder municipal.
Así
como es un problema que afecta a todos, la corrupción también debe ser un
problema que se combata desde distintos espacios. Por ello, surge la necesidad
de formar generaciones de periodistas capaces de identificar casos de corrupción
o alertar malas prácticas en las gestiones locales.
Reporte
obligado, equipo de estudiantes de Periodismo Digital de la Universidad
Nacional San Antonio Abad del Cusco- responde a esta necesidad y presenta su
proyecto: Radiografía de los Aportantes a
la Campaña Electoral 2018 en la ciudad del Cusco; una serie de cinco
informes que detallan los principales hallazgos al indagar quienes sostuvieron
económicamente las campañas electorales.
Estos
reportes iniciaron con pedidos de acceso a la información, donde los alumnos/as
solicitaron ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el informe
de campaña presentado por los partidos que ganaron las elecciones en los
distritos de Cusco, Santiago, San Sebastián, San Jerónimo y Wanchaq.
Una
vez obtenido este reporte, se contrastó la lista de aportantes a las campañas
electorales con las bases de datos públicas del Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado (OSCE), el Registro de Organizaciones Políticas (ROP)
y otras, encontrando casos de aportantes que actualmente ocupan cargos
gerenciales en las municipalidades o son proveedores de las mismas.
Este
esfuerzo conjunto se realiza con el objetivo de alertar posibles casos de
corrupción o negociación incompatible. Si bien la ley no estipula como delito
contratar con una gestión municipal o ser designado funcionario luego de haber
aportado con dinero o especies a la campaña política, estos hechos alertan y
ponen el foco en las gestiones locales, desde donde se podrían gestar casos de corrupción.
